MINUTA CRÍTICA SOBRE PROYECTO DE LEY PRO-INVERSIÓN I (BOLETÍN 11.747-03)

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MODIFICACIONES A LA LEY No 19.300
Septiembre de 2019

Visión parcializada y desnaturalizante del SEIA: el Proyecto de Ley en referencia introduce, en su artículo 1o, una serie de modificaciones a la Ley No 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, particularmente, a sus artículos 10, 13, 24, 25 ter y 45, incorporando además un artículo 11 quáter nuevo, disposiciones que, en su mayoría –exceptuado el artículo 45 referente al contenido de los PPDA–, se enmarcan en el contexto del SEIA. La inclusión de estas modificaciones en una iniciativa legal cuya finalidad específica es promover la inversión condiciona una visión parcializada y desnaturalizante de este procedimiento en tanto instrumento de gestión ambiental, cuya discusión debiese estar permeada de consideraciones no solo económicas, sino que también ambientales y sociales. En este sentido, el Proyecto de Ley “Pro Inversión I”, por definición, adolece de una visión integral de este procedimiento y de los problemas que enfrenta, siendo la sede natural para la discusión sobre su reforma precisamente el proyecto de ley que introduce modificaciones al SEIA (Boletín No 12.714-12), en actual tramitación ante la Cámara de Diputados.

Rango legal y vinculatoriedad de las “consultas de pertinencia de ingreso”: La denominadas “consultas de pertinencia”, reguladas actualmente en artículo 26 del RSEIA (D.S No 40 de 2012 del MMA) constituyen una instancia en el cual los proponentes de un proyecto pueden dirigirse al SEA, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes que proporcionan, su proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al SEIA. Las consultas de pertinencia de ingreso, en la práctica, han operado como un instrumento que los titulares de proyectos utilizan para solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ampliar y/o modificar sus operaciones, sin someterse nuevamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Pese a que las modificaciones que se someten a este instrumento pueden efectivamente afectar a las comunidades, estas generalmente no tienen conocimiento de los cambios que se hacen al proyecto y no tienen la posibilidad alguna de participar en esta decisión. Por otro lado, no existe claridad respecto a la posibilidad de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) pueda fiscalizar las decisiones que se tomen en las consultas de pertinencia, pudiendo hoy solo requerir el ingreso al SEIA, conforme el artículo 3 letra i), j) y k) de la LOSMA, si así lo estimase.

Lo grave del Proyecto de Ley “Pro Inversión I” es que dispone que lo resuelto en las consultas de pertinencias por el Servicio “será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental”, disposición que claramente limitaría a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al quedar atada a la decisión que tomé el Servicio respecto a si la modificación del proyecto debe o no ingresar al SEIA. Esta modificación constituirá un incentivo para los proponentes ingresen todas sus modificaciones a consulta de pertinencia como una forma de asegurar su propuesta de inversión y restringir una posible revisión posterior de la SMA, dado el efecto vinculante de la decisión del SEA.

En este sentido, el proyecto en vez de avanzar en solucionar este problema, solo le otorga más garantías al inversionista, sin considerar que este instrumento vulnera los derechos de acceso a la información, participación ciudadana e incluso de acceso a la justicia reconocidos en nuestro ordenamiento ambiental.

Modificación a la forma de computar el plazo de caducidad de la RCA del artículo 25 ter: Actualmente el articulo 25 ter de Ley No19.300 establece que la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación.

El Proyecto de Ley en referencia incorpora una nueva posibilidad de cómputo del plazo desde el cual se cuenta el plazo de caducidad de la RCA, estableciendo que aquel se computará “desde la notificación de la última resolución de los recursos administrativos interpuestos o desde que quede firme o ejecutoriada la sentencia que se pronuncia respecto a la reclamación o sobre el o los recursos judiciales presentados, en su caso”.

El problema de los plazos de caducidad radica en que hoy la posibilidad de revisar la RCAs se encuentra extremadamente restringida (Artículo 25 quinquies Ley No 19.300), por lo que al ampliar los plazos para contabilizar la caducidad puede que no se consideren los actuales y reales impactos del proyecto.

En consecuencia, si se quiere computar el plazo de caducidad de la RCA desde la notificación del último recurso, debería existir un mayor espacio para la revisión de las RCAs, antes del inicio de la ejecución del proyecto, dado los años transcurridos entre el ingreso de proyecto evaluado y la resolución de los recursos eventualmente interpuestos.